El pasado día 3 de marzo, un grupo numeroso de juristas, entre ellos más de 100 jueces y magistrados, publicaron un "Manifiesto por un debate político criminal racional", en el que criticaban propuestas de reforma legislativa de Derecho Penal del menor.

Posteriormente, el presidente del Consejo General del Poder Judicial dio instrucciones al Servicio de Inspección del Consejo para que iniciara diligencias informativas por entender que estos jueces podían haber incurrido en responsabilidad disciplinaria.

Aunque la Comisión Disciplinaria del Consejo acordó el archivo de las actuaciones y, por unanimidad, excluyó de la resolución cualquier referencia a un posible reproche por el actuar de los firmantes, Jueces para la Democracia quiere "mostrar su preocupación por la actuación del presidente del Consejo, y por los efectos perversos de su iniciativa".

En la nota enviada, Jueces para la Democracia quiere denunciar públicamente, ante la opinión pública y ante la comunidad jurídica, "la actuación del presidente del Consejo, que, omitiendo la función encomendada de defensa de la libre expresión de los jueces, ha procedido, por el contrario, con un marcado sesgo ideológico, en contra de los profesionales que han actuado desde la legalidad y desde su condición de expertos en la materia".

Por esta actuación, Jueces para la Democracia pidió la dimisión del presidente del CGPJ así como la del jefe de la Inspección, por haber indicado en su informe "que los Jueces firmantes del manifiesto habían vulnerado el art. 359.2 de la LOPJ, lo que era totalmente erróneo e inexacto, como la propia Comisión Disciplinaria advirtió".

La nota concluye diciendo que el Secretariado de Jueces para la Democracia pedirá el expediente tramitado "para ejercitar en su caso las acciones oportunas".

JpD rechazó de forma contundente"este tipo de actuaciones, en la medida en que cercenan" esos derechos, y "provocan desconcierto en la ciudadanía sobre el auténtico papel constitucional que debe desempeñar la judicatura".