JpD señaló en un comunicado que, en su opinión, la política europea sobre los inmigrantes está incurriendo en una "abierta contradicción con los principios propios de los sistemas penales democráticos".

Esta asociación de jueces indica que las medidas que le parecen criticables son algunas como que el Consejo de Ministros de Italia eleve la inmigración irregular a la categoría de delito.

Asimismo, JpD cuestiona que los ministros de Interior de la UE aprueben hayan aprobado recientemente una directiva sobre inmigración "que reduce a nada el valor libertad".

En opinión de estos jueces españoles, "todo ello dibuja un panorama de expansión de modelos político-criminales de emergencia, que arrancan de Schengen y que son afectuosamente aceptados por las reformas españolas de 2003, especialmente la que se concreta en la actual redacción del artículo 318 bis del Código Penal".