En un comunicado difundido hoy tras el Informe sobre el estado de los Juzgados Penales de Ejecutorias realizado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, JpD denuncia que se ha realizado de modo "oportunista, tras ciertas noticias de la prensa".

"Viene a demostrar una vez más la ineficacia e inoperancia tanto de la propia Inspección como del Consejo General del Poder Judicial del que depende", añade, y es "manifestación clara y palpable de que este órgano, en funciones desde noviembre de 2006, no ha realizado actividad alguna encaminada a la solución de los problemas reales de la Justicia".

Además, considera que "queda en evidencia lo inoperante de una Inspección que básicamente se ha dedicado, junto a tareas rutinarias, a dar respuesta a exigencias de los vocales o del propio presidente del CGPJ, acuciados por las críticas de prensa o por ciertas preferencias ideológicas".

Esta ha sido, para JpD, la principal tarea de la Inspección, en lugar de "cumplir sus funciones más importantes de proporcionar datos del estado real de los órganos judiciales y de las necesidades de adecuación de la planta judicial a las verdaderas necesidades".

"Sin dejar de lado las responsabilidades de los propios jueces, de este Gobierno y de los anteriores, e incluso de la sociedad en general, en el fuerte atasco que padece actualmente la Administración de Justicia, con grave quebranto de los derechos de los ciudadanos, es clara y patente la responsabilidad esencial en tal situación del actual Consejo", prosigue.

Lamenta que los vocales que mantienen un "ya irregular mandato pretendan aparecer como los descubridores del caos judicial existente, lavándose las manos respecto a su propia responsabilidad y su falta de intervención eficaz durante todos estos años".

Por todo ello, Jueces para la Democracia vuelve a reclamar "la inmediata dimisión del actual Consejo General del Poder Judicial en su totalidad, empezando por su presidente, así como del jefe en funciones del Servicio de Inspección".