El texto elabordo por estas tres organizaciones y la Asociación Pro-Servicio Militar Voluntario "repudia el burdo intento por parte del Gobierno socialista de vender a los jóvenes y a la sociedad este proyecto como un nuevo modelo de servicio militar".

Asimismo, mantienen que supone un "grave atentado al principio de igualdad", ya que, a su juicio, faculta a los jóvenes con mayor nivel social y educativo a desempeñar las funciones "menos gravosas".

OBJECION DE CONCIENCIA

Respecto a la objeción de conciencia, l documento asegura que el proyecto de ley no aporta ninguna solución, por lo que "se seguirá produciendo un incremento constante de objetores, a los que seguirá siendo imposible ofrecer un servicio social útil e inmediato".

El presidente de la Asociación Pro-Servicio Militar Voluntario, Ignacio Cosidó, declaró en rueda de prensa que entre el 60 y el 70 por ciento de la población rechaza la ley, a pesar de que puede ser apoyada por el 85 por ciento de los diputados en la Cámara Baja.

Cosidó acusóal PSOE de engañar a la sociedad por "vender" la iniciativa del Gobierno como una "'mili' a la carta, cuando la mayoría de las posibilidades -elección del lugar, unidad, función a desarrollar o momento de incorporación- son sugerencias meramente orientativas, reservándose el Ministerio de Defensa la última palabra".

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Tomás Burgos, insistió en que la postura de su organización no es opuesta a la que defenderán los diputados populares en el Parlaento.

OSCURANTISMO

"Las discrepancia", agregó, "afecta sólo a los plazos que hay que marcar para llegar al Ejército profesional. Hemos mantenido encuentros con los órganos directivos del partido y el grupo parlamentario y no hay diferencias de fondo, sino de forma".

Burgos acusó al Ejecutivo de no escuchar a las organizaciones sociales y juveniles que han querido expresar su opinión al respecto y manifestó que "todo el proceso ha estado dominado por el oscurantismo".

También Carlos Campuzao, secretario general de las Juventudes Nacionalistas de Cataluña, criticó el proyecto legislativo y se mostró partidario de la introducción del catalán en el seno del Ejército.

Las organizaciones que firman el documento proponen la creación de un modelo profesional, por considerar que sería más eficaz y "económicamente más rentable que el que se pretende aprobar".