Lanzuela interpuso querella criminal el pasado mes de noviembre, después de que Marco acusase al líder popular de haber percibido comiiones de la empresa de garantías recíprocas Aragonesa de Avales (ARAVAL).

Las acusaciones fueron vertidas por el presidente del Ejecutivo aragonés en el transcurso de un pleno de las Cortes de Aragón. Marco mostró en la Cámara un documento manuscrito que, según él, demostraba el cobro de las mencionadas comisiones, aunque minutos después matizó sus palabras y desvió las sospechas hacia personas no identificadas cercanas al entorno del presidente del Partido Popular de Aragón.

El pasado día 12 de iciembre el magistrado del TSJA Manuel Serrano conminó a José Marco a remitir al tribunal el documento mostrado en las Cortes y le concedió un plazo de 72 horas para ello, ya que el presidente autonómico había desoído anteriores requerimientos en este sentido.

Finalmente, Marco entregó el documento al TSJA, aunque en el escrito no aparecía apunto alguno que relacionase a Santiago Lanzuela con el presunto cobro de comisiones.