Según el informe pedido por Eligio Hernández a los técnicos de su departamento, que se ha conocio este mediodía, no hubo delito en el proceder de los consejeros catalanes, aunque sí se detecta "cierto aroma de corrupción" y existen hechos probados que merecen "reproche social".

El informe fue solicitado por Hernández después de que la Fiscalía de Barcelona, dirigida por el Carlos Jiménez Villarejo, le remitiera unos hechos que, en opinión de éste, pueden constituir delito de malversación de fondos.

Jordi Casas dijo a esta agencia que lo peor de este episodio es la filtración de la noticia e pasado miércoles, sin base ninguna, "hecho que no es positivo", añadió, "y que además provoca, como ha dicho algún miembro del Gobierno, que se juzgue a nivel de opinión pública a personas con presunción de inocencia".

En opinión del diputado de CiU, "lo lamentable es que cuestiones que deberían seguir un trámite normal, silencioso, por la vía de la confidencialidad, que es como debe actuar la justicia, se organicen unos tinglados por filtraciones interesadas".

"Celebro que el fiscal general opie como opina, si es así,", añadió, "pero por otra parte es la opinión que esperaba porque no había indicios de que hubiera actuación delictiva".

VILLAREJO: "PERSONA CONTROVERTIDA"

Respecto a la posición en que queda el fiscal Jiménez Villarejo, Jordi Casas apunto que habría que comenzar por decir que "es una persona controvertida".

"No tengo intención de juzgarle a través de los medios de comunicación. Simplemente creo que los hechos objetivos ponen de manifiesto una personalidad, como mínimo, ontrovertida y con un afán de protagonismo que quizá no corresponde a las personas que operan en el mundo judicial", comentó.

Sin embargo, concluyó, "cada cual es dueño de sus actos", aunque no se compartan sus puntos de vista "ni jurídicos ni políticos".

El informe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, que considera que no existen indicios de delito en la actuación de varios consejeros de la Generalitat en la concesión de avales, no es vinculante para la decisión que adoptedefinitivamente el fiscal general, Eligio Hernández.

Hernández ha decidido recabar la opinión de la Junta de Fiscales del Supremo, que se reunirá el próximo viernes para estudiar el informe. La decisión que adopte la Junta tampoco es vinculante, ya que es el fiscal general quien tiene la última palabra.