La aparición de plataformas de alquiler turístico ofrece alternativas más económicas y condiciones más flexibles y ventajosas que los hoteles para viajar y hacer turismo, a la par que ayuda a los propietarios a rentabilizar sus propiedades. Sin embargo, la proliferación de los “apartamentos turísticos” gestionados por diversas plataformas ha supuesto que el destino de viviendas para fines turísticos en España haya experimentado un gran incremento, y que represente un porcentaje del 1,33% del total de viviendas en territorio español.

La entidad indica que lo que surgió como una forma de economía colaborativa se ha convertido en causa de la subida del precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, la expulsión de la población local del centro de las ciudades, generalmente personas ancianas, y la masificación y sobreexplotación turística. Y añade que el derecho a la vivienda se ha visto afectado por una práctica que perjudica una necesidad básica de las familias.

Además, la asociación progresista de jueces, indica que el uso de esta forma de alojamiento supone, en muchos casos, quejas y conflictos vecinales por cuanto que las comunidades ven incrementados los gastos que se generan por la frecuente e indebida utilización de los eelementos comunes de la comunidad, el incremento del ruido y la suciedad.

El Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, introdujo una serie de modificaciones para abordar en el ámbito de la Ley de Propiedad Horizontal y en la de Arrendamientos Urbanos los problemas derivada del creciente fenómeno del alquiler turístico. Herramientas jurídicas civiles que en estos cinco años trascurridos, han resultado insuficientes para abordar un problema que excede de lo que son las Comunidades de Propietarios y del marco del derecho civil.

El alquiler turístico implica un cambio de modelo de ciudad que provoca que muchos barrios se están quedando sin sus residentes habituales, que en determinadas zonas sea imposible acceder a una vivienda por quienes trabajan en la localidad y la consolidación del fenómeno de la gentrificación.

Por todo ello JJpD reclama que se establezca un marco normativo integral, de ámbito nacional, que puedan aplicar los ayuntamientos de forma semejante, que evite que un negocio como el alquiler de viviendas turísticas genere la expulsión vecinal, problemas de convivencia y la modificación de la sociología de las ciudades.