Según Cuevas, la estancia de Futre, Manuel Sánchez Delgado y Abel Resinos, entre otros, en los primeros días de abril de 1992 en un hotel de Marbella, se facturó en recibos en los que figura el Ayuntamiento de Marbella como el destinatario de las facturas.

Los documentos, que han sido aportados como prueba ante la Fiscalía con el fin de que se proceda a la apertura de diligencias en el caso de que se detecten indicios de delito, recoen los pagos de cantidades que oscilan entre las 30.000 y las 60.000 pesetas. Andrés Cuevas asegura en su denuncia que Gil debe ser juzgado por haber cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos.