En un comunicado, reiteró la obligación de identificar aquellos perfiles "de especial vulnerabilidad y con necesidades de protección", como pueden ser solicitantes de asilo, menores o víctimas de trata.

También advirtió del peligro de que se inicien procesos de devolución de las 850 personas que han llegado al CETI sin "la debida asistencia legal".

Por último, expresó su preocupación ante el elevado número de heridos y "la violencia cada vez mayor" que se emplea en la frontera.