Así lo aseguró el superior de los Jesuitas en nuestro país, Antonio España, en referencia a esta producción dirigida por Imanol Uribe, protagonizada por Juana Acosta, Juan Carlos Martínez, Carmelo Gómez y Karra Elejalde, y que ha sido presentada recientemente en el Festival de cine de Málaga.

La cinta, que llegará a todos los cines españoles este viernes, cuenta la historia de Lucía Barrera, la única testigo del asesinato de los seis compañeros jesuitas de la universidad salvadoreña y de la empleada Elba Julia y su hija Celina. La Compañía de Jesús, que ha asesorado a la productora, confía en que su estreno "sirva para recordar la memoria de estos mártires y de los muchos otros anónimos que murieron durante el conflicto que sufrió el país salvadoreño entre 1979 y 1992".

Lucía Barrera, la empleada de la limpieza que fortuitamente presenció la matanza sin que los asesinos repararan en ella, es el hilo conductor de esta producción cuyo título hace alusión a la premonición del propio Ignacio Ellacuría, a quien en un momento de la cinta se escucha decir: “Si me matan de día sabrán que ha sido la guerrilla, pero si llegan de noche serán los militares los que me maten”.

“Lo importante del proyecto es que nos invita a tener memoria. A no caer en el olvido de lo que ocurrió en 1989 y de lo que ha estado ocurriendo en muchos lugares de Latinoamérica y Centroamérica que es la vivencia persistente de la injusticia y la violencia y que todavía hoy, la Compañía de Jesús trata de responder a través de las instituciones que tiene en esos países”, destacó el superior de los Jesuitas en España.

VÍCTIMAS COMO SÍMBOLO

La compañía recordó que en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un destacamento de soldados salvadoreños del batallón Atlacatl entró en la Universidad Centroamericana con la intención de matar a Ignacio Ellacuría. Para no dejar testigos acabó asesinando a seis jesuitas -cinco de ellos españoles-, una trabajadora de la universidad y su hija. Ellos eran: Ignacio Ellacuría (Portugalete, 1930), Segundo Montes (Valladolid, 1933), Ignacio Martín-Baró (Valladolid, 1942), Amando López (Cubo de Bureba, Burgos, 1936), Juan Ramón Moreno (Vallatuerta, Navarra, 1933) y Joaquín López (Chalchuapa, El Salvador, 1918); las dos mujeres asesinadas eran Julia Elba -trabajadora de la universidad- y su hija Celina Ramos.

"Ignacio Ellacuría, el más conocido entre ellos, filósofo y teólogo, era el rector de la universidad desde 1979 hasta el momento de su muerte, a la edad de 59 años. Empeñado en buscar una solución negociada a la guerra civil, su compromiso y defensa de los débiles le hizo ser demasiado incómodo para el régimen militar que gobernaba el país. El resto de jesuitas asesinados son también modelo de compromiso en ámbitos como la defensa de los derechos humanos, la atención a los refugiados, el acompañamiento de comunidades, o la educación entre los pobres", argumentó la Compañía de Jesús en su nota.

"La muerte de los jesuitas y de las dos mujeres provocó una conmoción tal en la comunidad internacional que, finalmente, la administración de los Estados Unidos abogó por un proceso de paz, firmado en diciembre de 1991 en Nueva York y ratificado en los Acuerdos de Paz de 1992 (México). Las víctimas de la UCA se convirtieron en símbolo de una multitud anónima de víctimas -80.000 en El Salvador durante los años 80-, y ejemplo de una forma de ser Iglesia, comprometida con la paz y la justicia", prosiguió la organización.

JUSTICIA

Por los asesinatos de los jesuitas fueron llevados a juicio en El Salvador varios militares, pero sólo dos fueron condenados en 1991. Uno de ellos era el director de la Escuela Militar de San Salvador, el coronel Guillermo Alfredo Benavides. Poco tiempo después, en 1993, quedaron en libertad, gracias a la aprobación en el Parlamento de la Ley de Amnistía.

En el año 2000, a petición de los familiares de los jesuitas asesinados, acompañados por la UCA, se inició un largo proceso que llevó en 2017, después de la anulación de la ley de amnistía, a solicitar la reapertura del caso. Pese a ello, este fue sobreseído por la Sala de lo Penal.

Mientras, en España, bajo el principio de justicia universal, la Audiencia Nacional inició en enero de 2009 una investigación sobre el caso tras admitir la querella presentada por dos organizaciones de derechos humanos. Tras un arduo camino, el 11 de septiembre de 2020 condenó a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador, Inocente Montano.

"De forma sorpresiva, en enero de 2022 la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de El Salvador avaló la reapertura del caso y en estos momentos el ex presidente Alfredo Cristiani está en búsqueda y captura tras no haberse presentado al juicio del pasado 11 de marzo", añadió el comunicado.

La UCA ha pedido que el caso no sea instrumentalizado con fines políticos y que no aparten a la universidad de este proceso. Y el rector actual Andreu Oliva expresó su temor a que la historia se repita: “Las irregularidades observadas hacen temer que este proceso no ofrecerá las garantías de objetividad e independencia requeridas para encontrar la verdad, hacer justicia, reparar el daño causado y propiciar la reconciliación”.