El tribunal alega en la sentencia, conocida la semana pasada, que un informe pericial sobre el ADN de Vicario Setién, encontrado en una maquinilla de afeitar que se había hallado en el zulo utilizado por ETA para el secuestro de Aldaya, no fue aportado como prueba en el juicio, pese a que se dio traslado del mismo a las partes el pasado mes de septiembre.

En consencuencia, al no existir una prueba que corroborase la declaración incriminatoria que Francisco José Ramada Estévez y Sagrario Yoldi Múgica, ya condenados por estos hechos, prestaron en su día ante el juez que investigó el caso, los magistrados decretaron la libre absolución de Vicario Setién.

Tras conocer la sentencia, Javier Zaragoza ha ordenado al fiscal Ignacio Gordillo, que se encargó del caso, un informe con los detalles del caso y concretamente sobre las razones por las que dicha prueba no fue elevada a la vista por parte del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha anunciado que recurrirá la sentencia absolutoria y que alegará tanto violación del precepto constitucional como error en la apreciación de la prueba.

Hoy se ha sabido también que esta tarde se celebrará una junta de fiscales de la Audiencia Nacional. Aunque desde la portavocía se ha asegurado que se trata de una reunión "ordinaria", fuentes fiscales han matizado que se ha convocado "con carácter de urgencia" y que en ella se analizarán las últimas resoluciones dictadas por el tribunal, entre ellas la sentencia absolutoria de Vicario Setién.

Además del caso del secuestro de José María Aldaya, la Audiencia Nacional ha dictado otras dos sentencias absolutorias, las que se fallaron a favor de José Luis Beotegi y de Miguel Guillermo San Argimiro, eximidos del delito de pertenencia a banda armada y para los que la Fiscalía había solicitado que fueran condenados a 9 y 10 años de prisión, respectivamente.