En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), Gómez Liaño se refirió a lo que él llama "los gravísimos efectos inmateriales, no materiales, de la delincuencia organizada en materia de tráfico de drogas, porque tiene un poder corruptor muy elevado, ante lo cual hay que reforzar mucho las instituciones y, por supuesto, confiar mucho en ellas".

"Creo", añadió, "que si esto sigue adelante y se confirma que ha habido algún comportamiento irregular por parte de alguno de los actuantes en est tipo de investigaciones, eso no puede llevarnos a sospechar sin más de todo el cuerpo y de toda la institución en sí misma. Creo que las instituciones siempre son útiles y, cuando vemos que son mal utilizadas, debemos enmendarlas e intentar que vayan por el mejor camino", afirmó.

"Creo que es muy preocupante el hecho de abonar a confidentes infiltrados en tales organizaciones con productos propios de esos mercados ilegales como es la droga", añadió Gómez Liaño, quien calificó estos hechos de "malos hbitos" y "prácticas viciosas", que dan en ocasiones "muy malos resultados".

El magistrado recordó que "el pago a confidentes es un problema que ya se advirtió en los años 1984 y 1985 que corría grandes riesgos y, sobre todo, tiene una consecuencia procesal que puede ser muy negativa".

"Si toda la materia investigadora se ha obtenido por procedimientos ilícitos, ese material procesal o sumarial, cuando llegue a juicio oral, será, sin duda ninguna, un material inservible y puede desembocar en sentecias absolutarias de gentes sobre las que pesan graves conjeturas de estar cometiendo gravísimos delitos. En la Audiencia Nacional se ha dado ya algún caso que otro en este sentido".

Asimismo, Gómez Liaño manifestó que "en esta hiedra sigilosa y que todo lo infecta los riesgos son altísimos y, desde el CGPJ, advertimos el riesgo que estas entregas controladas no lo estuviesen del todo desde el Poder Judicial. Es un riesgo importante que se evitaría si toda esta mecánica de actuaciones tuviese un contrl judicial más nítido y más puro".