La diputada de Izquierda Unida y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Isaura Navarro, explicó en rueda de prensa que el objetivo es evitar casos como algunos que denunció de forma concreta.

Entre ellos, que Rodrigo Rato siga percibiendo el ochenta por ciento de su remuneración como ministro del anterior Gobierno mientras recibe la de presidente del Fondo Monetario Internacional, o que Esperanza Aguirre haya llegado a recibir simultáneamente su retribución como presidenta de la Comunidad de Madrid mientras aún recibía la casi totalidad de su remuneración como ex ministra y como ex presidenta del Senado.

Esta propuesta de Izquierda Unida pretende modificar la Ley del Régimen Electoral General para que diputados y senadores ejerzan esta labor en régimen de dedicación exclusiva e incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, cargo o actividad pública o privada retribuida mediante sueldo, arancel o cualquier otra forma.

Quieren, además, garantizar que la Comisión del Estatuto del Diputado tiene plenas competencias para investigar las retribuciones y patrimonio de los parlamentarios, incluido el requerimiento de documentación a instancias públicas o privadas.

La iniciativa incluye la creación de la Agencia Estatal de Vigilancia en materia de incompatibilidades, encargada de velar por el cumplimiento de la normativa vigente por parte de todos los cargos públicos.

Según esta reforma, los que cesen en un cargo público tendrían derecho a percibir, durante el mismo tiempo de ejercicio de ese cargo pero sin poder exceder los dos años, una indeminización mensual igual a la doceava parte del sesenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo, con tope máximo de la del presidente del Gobierno en ese momento.

Esa indemnización sería incompatible en cualquier caso con la correspondiente en caso de ser designado para ocupar un nuevo cargo público de cualquier administración, en la dirección de un partido político o en una empresa privada.