Izquierda Unida valora, en un comunicado, la intención del Gobierno de atribuir poderes policiales a algunas unidades militares, en especial la Unidad Militar de Emergencias (UME), según el anteproyecto de la Ley de Carrera Militar que adelanta hoy el diario "El País".

En este sentido, la formación que lidera Gaspar Llamazares señala que "dotar de carácter legal a lo que no es más que una clara extralimitación de funciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, además de atentar contra el mismo significado del Ejército".

A su juicio, los cambios que el Gobierno pretende introducir a través de su anteproyecto de ley de la Carrera Militar, en lo que respecta a que los integrantes de determinadas unidades militares sean considerados ‘agentes de la autoridad’, significan "dotar de carácter legal a lo que no es más que una clara extralimitación de funciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, además de atentar contra el mismo significado del Ejército".

Por su parte, Joan Herrera, portavoz de IU-ICV, advirtió de que si la ley se aprueba en estas condiciones tendrá "como consecuencia que todas las personas, ya sean militares o civiles, deban obedecer y estar sometidos a las órdenes provenientes de los militares, lo que supondría en la práctica un peligroso retroceso en los derechos civiles de los que con tanto esfuerzo se ha dotado la sociedad civil en los últimos años".

"Además", indicó Herrera, "quienes desobedecieran o se resistieran a cumplir estas órdenes serían castigados penalmente como delito o falta, algo que desde nuestro grupo parlamentario consideramos inaceptable. Desde ahora anunciamos que empeñaremos todo nuestro trabajo parlamentario para que estas condiciones desaparezcan totalmente de la futura ley", agregó.

El portavoz de IU-ICV señaló que la futura ley incorpora, además, otra disposición, en la que se les otorga a los militares el derecho de ser defendidos por un abogado del Estado "ante cualquier orden jurisdiccional en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos".

En este sentido, Herrera considera que lo que se busca con ello es que, en caso de conflicto con cualquier institución o con la sociedad civil, la abogacía del Estado tenga la facultad de defender los intereses del Ejército, enfrentándose a todos aquellos que hayan podido cuestionar las órdenes emanadas desde el ámbito militar.

"Esta posibilidad, además de un grave error, sienta un peligroso precedente dando al Ejército un poder y unas facultades que en absoluto le corresponden que no estamos dispuestos a tolerar", apostilló Herrera.