Asimismo, señaló que su departamento colabora con el Ayuntamiento de Madrid y con otros municipios, para detectar el fraude y determinar las necesidades reales de cada vecino.

En la tarea de localización de supuestos defraudadores, el IVIMA pretende que sean los propios compradores estafados quienes ejerzan sus derechos jurídicos, porque "se han detectado casos de viviendas adjudicadas en alquiler y luego vendidas", dijo Pascual.

Paralelamente, el IVIMA está ofreciendofacilidades para que las casas concedidas en acceso diferido (en alquiler mientras se abona su precio) pasen definitivamente a ser propiedad de sus inquilinos.