Dicha ley, que hoy ha sido debatida y votada después de que al proyecto inicial se presentaran 83 enmiendas, no garantiza, en opinión de Diego López Garrido, diputado de IU, "el derecho a una tutela judicial efectiva a los solicitantes de refugio que son expulsados".

Por ello, la enmienda más debatida ha sido una transaccional al artículo 21.2, presentada por CiU, PNV y PSOE y que permite, en algunos casos, que los refugiados que son rechazados por el procedimiento acelerado puedan pesentar recurso judicial. La enmienda mejora el proyecto inicial pero que no satisface de pleno a IU.

La citada enmienda introduce que si el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) se pronuncia en contra de una decisión administrativa en relación con un solicitante de asilo al que se le deniega su petición, éste pueda recurrir a los tribunales y solicitar la suspensión de dicha decisión.

Por ello, la enmienda señala que "sólo se suspenderá el acto administrativo cuandoel peticionario lo solicite y el ACNUR hubiera informado favorablemente a la Administración del trámite de petición de asilo".

Sin embargo, no será el ACNUR quien declare la suspensión de la expulsión del solicitante, sino una comisión, después de que este organismo internacional haya informado favorablemente.

A juicio de Diego López Garrido, la aceptación de esta enmienda "es un tímido avance", aunque criticó que sea el ACNUR el que tenga que garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, uando según la Constitución ésta la deben ejercer los tribunales.

IU ha defendido los argumentos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en el sentido de que los refugiados puedan recurrir ante los tribunales las decisiones del Ministerio de Interior, una propuesta que fue criticada por el PP, por los efectos de "atasco judicial" que podría tener.

IU señaló que el "procedimiento acelerado" para resolver las peticiones de solicitud de refugio el Gobierno se comprometió a aplicarlo sóo en los casos de solicitantes en frontera, lo que significa el 2 por ciento del total. Si todos presentaran recurso supondrían una media de tres los que tendrían que resolver los jueces.

La ley, que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, con la excepción de IU en algunos de sus artículos, ha introducido otras enmiendas que conceden a los solicitantes de asilo asistencia letrada, intérpretes y asistencia médica.

Igualmente, señalaron que los derechos de la población "desplazada" por conlictos bélicos, a los que no se les considera refugiados en la ley, "quedarán perfectamente protegidos".