La coalición liderada por Gaspar Llamazares mantendrá su "ofensiva" en este debate, según informaron a Servimedia fuentes de IU, ante los recelos mostrados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que en el Debate sobre el Estado de las Autonomías insinuó que no propondrá la reforma del Senado por la falta de "ganas" del PP.

En este sentido, frente a la "tibieza y serias limitaciones" que plantea el Gobierno, IU insistirá en la necesidad de reformar la Constitución en 17 puntos, que empiezan por extender el derecho al voto a los inmigrantes residentes en España y garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Incluye en esta reforma la posibilidad de dar pie a un nuevo sistema electoral que "preserve con más fidelidad el principio de representación proporcional y no prime a las hectáreas sobre los ciudadanos", y la capacidad de las comunidades autónomas de someter a consulta popular o referéndum decisiones políticas dentro del ámbito de sus competencias.

Flexibilizar los requisitos de la iniciativa legislativa popular y garantizar el respeto del pluralismo en los medios de comunicación; otorgar a los derechos económicos, sociales y culturales la categoría de derechos fundamentales; o constatar el rechazo "al uso de la guerra como instrumento de política exterior" son otras de sus reivindicaciones.

Asimismo, IU quiere que se establezca el derecho de las personas dependientes a ser atendidas; el derecho a percibir unos ingresos mínimos o una renta básica; el derecho a una muerte digna; llevar el derecho al trabajo al núcleo más protegido e incluir el suelo urbanizable entre entre los recursos esenciales que pueden ser reservados al sector público.

BIENESTAR Y COHESIÓN Por otro lado, propone incluir entre los objetivos de actuación de los poderes públicos en el ámbito económico la promoción del bienestar y la cohesión social en un marco de desarrollo sostenible; la igualdad de oportunidades; la eficacia del sector público; y el funcionamiento eficiente de los mercados combatiendo los abusos de posiciones dominantes.

En cuanto al modelo de Estado, considera que la Constitución debería reconocer con claridad en su Título Preliminar el carácter pluricultural y plurilingüístico del Estado; y establecer un reparto nítido de responsabilidades entre éste y las comunidades autónomas, "evitando el actual efecto de que prácticamente todas las materias son compartidas".

También debe abrirse la posibilidad de "establecer lazos especiales de tipo federativo entre las comunidades que así lo decidan, y reformarse el procedimiento de modificación de los Estatutos de autonomía, de manera que aquello que no afecte a la delimitación de competencias quede a la libre decisión de cada comunidad".