Así lo anunció hoy, en rueda de prensa, el portavoz económico de IU, Felipe Alcaraz, quien esta tarde defenderá en la tribuna una interpelación sobre los efectos derivados en la economía española de la reordenación del sector público empresarial y de la aplicación del Plan Estratégico de Privatizacions.

Alcaraz señaló que su grupo es partidario de que cada proceso de privatización sea discutido de manera singular en el Parlamento, mediante un proyecto de ley específico.

A su juicio, en la actualidad "se han desbocado los caballos del liberalismo en el seno del Gobierno de Aznar", que, a su modo de ver, quiere emprender en este terreno una política de "continuismo radical" con respecto a la anterior etapa del PSOE, en la que se produjeron 40 procesos de privatizaciones entre 1985 y 1995.

l portavoz de IU, que cuestionó el sistema de privatizaciones como elemento reductor del déficit público, considerá que el Ejecutivo del PP no debería tomar ninguna decisión sobre privatizaciones de empresas públicas antes de que sea debatido en la Cámara el plan estratégico anunciado por Aznar en su discurso de investidura.

Igualmente, advirtió del riesgo de una "confrontación social importante", si el Gobierno vende las empresas públicas que son rentables y reduce sus aportaciones en las que son defcitarias.

En este sentido, indicó que la reducción de aportaciones públicas en empresas de Asturias, Galicia o Andalucía puede convertirse en un auténtico "problema de Estado" porque la viabilidad de grupos como Astilleros o Hunosa no puede ser medida únicamente en términos de eficiencia económica, sino en función también de su rentabilidad social y de su articulación territorial.

Alcaraz dijo que las privatizaciones en las que el Gobierno parece estar interesado no responden tanto a razones técncas o de reducción del déficit como a la "ideología thatcheriana que está impregnando de manera rotunda toda la política que se nos viene anunciando, como por ejemplo la posible flexibilización del despido".

La moción de IU insta al Gobierno a que presente en el Parlamento un Estatuto de la Empresa Pública, que haga referencia a las funciones que ésta debe desarrollar, así como a los criterios y procedimientos sobre ventas y compras que alteren el patrimonio público.

IU es favorable a que los ingesos obtenidos por la venta de estas empresas sean dedicados a la "potenciación y diversificación del propio sector público empresarial, como forma de consolidar el tejido industrial nacional, frente al riesgo de la dominación del mercado nacional por empresas de capital foráneo".