Según IU, el Gobierno pretende hacer una reforma como consecuencia de la cual el Ministerio Fiscal estará aún menos al servicio de la ley, el interés general y los derechos de los ciudadanos, y mucho más "al albur de las ecesidades políticas del Fiscal General del Estado que son las del PP, y con las que pretende controlar hasta el último detalle a los fiscales".

Para IU es necesaria una mayor autonomía del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno, con el consiguiente aumento de sus funciones, competencias y obligaciones, así como una mayor vinculación a las Cortes Generales, que alcance incluso al momento de elección del Fiscal General del Estado.

IU sostiene que todo ello se puede hacer sin necesidad de abordar na reforma de la Constitución. Los cambios que propone la coalición de izquierda comportarían una "mayor responsabilidad del Fiscal General del Estado por los resultados de sus actos".

Igualmente, IU considera que debería realizarse una "radical variación de la configuración del Consejo Fiscal" de forma que deje de ser un "reducto bunquerizado" de la carrera fiscal y se abra a las instituciones y a la sociedad española.

Para realizar de manera más eficaz sus funciones, el Consejo Fiscal debería djar de ser un mero asesor del Fiscal General del Estado y convertirse en un verdadero órgano de representación colectiva.

Por otro lado, IU plantea la apertura de la Junta de Fiscales de Sala a la realidad autonómica, a través de la inclusión en la misma de los Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Así como la objetivización máxima de la elección de cargos en la cúpula de la Carrera Fiscal, de forma que sean los méritos y la capacidad los únicos parámetrs para acceder a ellos y evitando que se ejerzan de forma vitalicia.

Otro aspecto que IU plantea en su propuesta de reforma sería la reconducción de la Inspección Fiscal a tareas de pura inspección, dejando las funciones administrativas o de gestión a un órgano dependiente del Fiscal General del Estado.

IU quiere denunciar la falta de independencia e imparcialidad del Fiscal General del Estado, lo que conlleva un importante "daño a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad" y cn el menoscabo de las misiones constitucionales del Ministerio Fiscal.