Concretamente, el programa electoral de IU habla en el apartado dedicado a la dependencia y a los servicios sociales de la "modificación de la Ley de Dependencia para la mejora de la garantía de los derechos, supresión del copago, ampliación de la asistencia personal" y para "asegurar la coordinación sociosanitaria y cooperación interadministrativa".

En la misma línea, las propuestas programáticas con las que IU concurre a las elecciones generales del próximo 9 de marzo se refieren a una "financiación suficiente, estable y sostenida en el tiempo" para la aplicación de la Ley de Dependencia y promoción de la autonomía personal.

Para la formación política que encabeza Gaspar Llamazares, el cuarto pilar del Estado del Bienestar no ha de ser el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) creado por la ley, como se ha dicho, sino los servicios sociales.

"Nuestras propuestas programáticas se mueven en la línea de convertir el sistema público de servicios sociales, en su totalidad, en el cuarto pilar del estado de bienestar, más preocupados de la capacidad de cobertura y de la eficacia del sistema que de una propaganda narcisista y a veces falsa de los poderes públicos", afirma IU en su programa.

En esta línea, propone que los Presupuestos Generales del Estado recojan una partida específica y nueva para la financiación de los programas del Plan Nacional para la Inclusión Social.

LEGISLACIÓN COERCITIVA

Del mismo modo, IU quiere "proceder al pleno desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau), aumentando las dotaciones presupuestarias".

En este sentido, propone también una "legislación coercitiva respecto a supresión de barreras y a empleo de discapacitados" y el impulso de la normalización democrática de las instituciones y del movimiento asociativo de la discapacidad.

En concreto, añade, "en el ámbito de la discapacidad urge vigilar la plena aplicación de los principios democráticos en diferentes procesos como la conformación de los órganos directivos o representativos de las entidades que actúan como interlocutoras del sector".

Y es que, agrega, en lugares como los centros especiales de empleo, "lo asociativo y lo patronal se confunden con demasiada frecuencia".

Por último, Izquierda Unida propone promover una ley de bases para la implantación de una Ley de Renta Básica a nivel estatal, que permita luchar contra la exclusión e incorporar "un modelo de ciudadanía cuyos derechos no sean dependientes de su vinculación laboral".