En la propuesta que ha presentado ante la Cámara Baja, IU reclama la necesidad de "garantizar el nombramient parlamentario mediante mayorías reforzadas de los responsables de organismos públicos de regulación y de control de las actividades económicas, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión y el tribunal de Defensa de la Competencia, las Comisiones Nacionales de Energía y de Telecomunicaciones, etcétera".

Asimismo, la formación que lidera Gaspar Llamazares pide que se promueva la asunción de responsabilidades de los altos cargos del Gobierno implicados en actividades delictivas, con idependencia de los procedimientos judiciales que se inicien contra ellos. Todo ello, con el objetivo de evitar "la colisión de intereses públicos y privados".

La proposición no de ley también reclama reformas en el funcionamiento del Ministerio Fiscal, para evitar "injerencias del Ejecutivo".

"En primer lugar", indica la iniciativa parlamentaria, "a través de la capacidad del Parlamento para nombrar y cesar al fiscal general del Estado por mayoría reforzada. De la misma manera y desde el respetolos principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, a través de la consolidación del papel constitucional que se le asigna al Ministerio Fiscal en su conjunto, la profundización en la independencia de funcionamiento, el reforzamiento de las competencias de sus órganos colectivos y el establecimiento de parámetros objetivos y fijos en cuanto a su designación permanencia y nombramientos".

Además, exige que se ponga fin a "las presiones partidarias sobre la sala segunda del Tribunal Supremosobre el Consejo General del Poder Judicial".

Otras medidas que propone IU para atajar la corrupción son dotar de más medios e independencia a la Fiscalía Anticorrupción, la ratificación del Convenio Civil y Penal contra la corrupción y la puesta en marcha de un Código Etico contra la Corrupción por parte de todas las fuerzas políticas.

Finalmente, la proposición no de ley pide que se promuevan las reformas legales necesarias para que la figura del aforado otorgue protección exclusivamente por cmportamientos y opiniones realizadas en el ejercicio de su mandato como representante público.