La cuantía de esta prestación, que correría a cargo de los Presupuestos del Estado, sería equivalente al 75% del salario mínimo interprofesional. Su duración sería indefinida, pero siempre que se cumplieran unos requisitos mínimos.

Los beneficiarios serían parados que no dispngan de rentas o patrimonio suficientes, que estén inscritos en servicios públicos de empleo y que tengan personas a su cargo o hayan pasado los dos últimos años sin contratos superiores a los 6 meses.

A cambio de esta prestación, los beneficiarios establecerían un acuerdo con la Administración por el que realizarían una aportación o contrapartida social por la renta percibida, sin que en ningún caso tenga naturaleza laboral.