La coalición, que expone en la citada iniciativa parlamentaria que la función de esta institución, similar a la que preside Gregorio Peces-Barba, será la de "garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los afectados en atentados terroristas", solicita asimismo la puesta en marcha de una "Oficina Unica, que, desde un concepto de asistencia integral, se coordine con el Alto Comisionado y las asociaciones de afectados".

Esta Oficina Unica deberá disponer de un "presupuesto adecuado que garantice la rapidez de las ayudas, volcando los servicios públicos en la asistencia sanitaria y psicológica continuada, las medidas formativas y ocupacionales de reinserción laboral, las ayudas educativas y de toda índole, incluida la atención educativa específica a los menores afectados".

Además, propone crear la "Fundación 11-M para el desarrollo de diferentes y variadas iniciativas para salvaguardar la memoria histórica debida a los afectados por actos de terrorismo".

IU pide al Ejecutivo que considere la "figura del afectado en sentido amplio, ya que los efectos del fenómeno terrorista son amplios, desde el que lo ha sufrido directamente hasta el que es presa del miedo o el pánico a la incertidumbre, pasando por los familiares directos o los profesionales que intervienen en primera instancia".

Otras de las peticiones de IU se refieren a la creación de "mecanismos que garanticen la prioridadde las víctimas en las listas de asistencia sanitaria y de intervenciones quirúrgicas" y de un "servicio de asesoramiento, protección y facilitando el derecho de los afectados por atentados terroristas a declarar en su domicilio y no en dependencias policiales.".