El Convenio se debatirá en el Congreso, a excepción de ese apartado, que IU considera de vital importancia porque, a su juicio, supone un menoscabo de la sobernía española y una situación de "vasallaje" respecto de Estados Unidos.

Si el Gobierno de José María Aznar persiste en su negativa a debatir ese punto en la Cámara Baja, IU tratará de plantear un conflicto de competencias que forzase al Ejecutivo a llevar el acuerdo al Parlamento.

El planteamiento de un conflicto de competencias tendría que ser aprobado por mayoría de la Cámara, circunstancia muy poco probable, puesto que el PP cuenta con mayoría absoluta.

Otra de las opciones que contempla a coalición de izquierda es la aplicación del artículo 95.2 de la Constitución, que dice que las Cortes Generales pueden requerir al Tribunal Constitucional cuando existan sospechas de que un acuerdo pueda no ser constitucional.

Sin embargo, esta posibilidad también tendría que contar con el respaldo de la Cámara. Por ello, IU está ya estudiando otras posibilidades para tratar de plantear un recurso de inconstitucionalidad que sólo están autorizadas a presentar ciertas instituciones.

En esta líne, podrían presentarlo el Defensor de Pueblo, con el que IU piensa pedir una entrevista, un mínimo de 50 diputados o los gobierno autónomos.

Alcaraz señaló que otros grupos parlamentarios están "escandalizados" por el contenido del acuerdo y recordó que IU participa en los gobiernos de País Vasco y Baleares, y que además IU ya ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Universidades en Andalucía de acuerdo con el PSOE que allí gobierna.