En una nota de prensa, IU indica que dicho texto es una respuesta a "un proyecto restrictivo, autoritario, ya obsoleto antes de convertirse en ley, y que nació de espaldas a los intereses de los usuarios particulares y de las empresas que tienen en Internet su mejor canl de comunicación o de negocio".

Según esta formación política, el proyecto del Ejecutivo "deja finalmente manos libres a la Administración para poner en marcha una verdadera 'cibercensura' en la red" y "la razón esgrimida de que con la nueva legislación sólo podrá ser un juez el que decida cerrar un sitio en Internet sirve de coartada al Gobierno para ocultar sus verdaderas intenciones".

En este sentido, IU sostiene que "sigue siendo la Administración la que podrá pedir a la justicia que clausur una 'web' pese a que el eslabón último de la cadena quede en manos de los jueces".

La formación liderada por Gaspar Llamazares duda de la constitucionalidad de este proyecto y considera que si se aprueba la ley tal y como está planteada, "provocará desconfianza, inseguridad, indefensión e incertidumbre entre los usuarios y las empresas, además de desincentivar el uso de Internet".

"La calidad técnica del texto" prosigue IU, "demuestra que es un proyecto elaborado premeditadamente de forma ambigu y confusa, con numerosas lagunas legales que dan, si cabe, aún más privilegios a la Administración. Pese a sus pretensiones, no garantiza la intimidad y la protección de los datos de los particulares de manera efectiva".