En la querella se denuncia la presunta adjudicación irregular de las obras del Túnel de Sóller por parte del Consejo de Gobierno balear, así cmo las sucesivas prórrogas que se le concedieron a la empresa adjudicataria, cuyo presidente, Antonio Quart, fue socio de Gabriel Cañellas en la empresa Salinera Española S.A.

Por su parte, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número uno de Palma, Pedro Barceló, quien instruye el expediente del caso Brokerval correspondiente a las obras del Túnel de Sóller -cuya investigación cedió la Audiencia en favor del juzgado palmesano-, tomó hoy declaración en relación a este caso a dos altos directvos de la Banca March.

Se trata de Mateu Riera y Antonio Fullana, que declararon en calidad de testigos y que dieron cuenta ante el juez de las operaciones realizadas por la citada entidad financiera durante 1991.

A través de esta entidad -como de otras- se pudieron haber cobrado los talones de las presuntas comisiones que dirigentes del Partido Popular en Baleares -del Gobierno balear también, según IU- habrían recibido supuestamente de manos de la empresa Quart S.A. El juez Pedro Barceló mantiee el secreto de sumario del caso.