Según publica hoy el diario "El País", dos responsables de los servicios secretos españoles visitaron al magistrado de la Audiencia Naconal Manuel García Castellón y al fiscal jefe de la misma institución, José Aranda, para pedirles que autorizaran a Monzer Al Kassar a viajar fuera de España.

Para Romero, "una reunión en la que se pide libertad de movimiento para un ciudadano en libertad bajo fianza de dos mil millones de pesetas por posibles atentados terroristas y comercio internacional de armas es un hecho gravísimo que hace saltar el Estado de Derecho".

El diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida añadió que la "acitud de ocultación en estos casos es improcedente y encandalosa", y añadió que el Gobierno es responsable de las autorizaciones a miembros de los cuerpos de seguridad y de los servicios secretos para este tipo de "operaciones".

Romero se pregunta en su apelación al Gobierno si existe "un doble juego a nivel internacional en el que los servicios secretos españoles están actuando al servicio de los servicios extranjeros por el método del 'todo vale', ignorando el Estado de Derecho y las formalidades demcráticas que hay que cumplir".