El líder de IU en Baleares, Eberhard Grosske, justificó su boicot en que "no es lógico arropar al político a quien responsabilizamos de tods los escándalos político-financieros del Ejecutivo".

Recordó que su formación tiene interpuesta una querella ante el Tribunal Superior Justicia de Baleares contra los responsables del PP balear, Cañellas a la cabeza, por un presunto delito de prevaricación en la concesión de las obras de Túnel de Sóller.

El nuevo ministro de Administraciones Públicas, Joan Lerma, tampoco estuvo presente en el acto. Lerma se excusó alegando problemas de agenda.

La toma de posesión se vio empañada por las invstigaciones judiciales en torno al 'caso Túnel de Sóller', por las que seis diputados autonómicos del PP aforados están presuntamente implicados en el cobro de comisiones ilegales.

Precisamente, esta mañana se celebró una reunión en el despacho del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Juan López Gayá, a la que asistieron los responsables de la Policía Carlos Fernández y Eligio Amed, que investigan este 'affaire', el jefe de inspectores de Hacienda en Baleares, Javier Guillot, y losfiscales del caso, Juan Carrau y Ladislao Roig.

Si bien no ha trascendido el contenido de la reunión, fuentes judiciales consultadas por Servimedia explicaron que la cita ha permitido diseñar la estrategia a seguir en el proceso abierto por dicha causa.

Por otra parte, el abogado del PP balear, Rafael Perera, entregó hoy al magistrado López Gayá una respuesta por escrito del presidente balear, Gabriel Cañellas, en la que, a petición del juez, se explica quienes no estuvieron presentes en la reunin del Consejo de Gobierno que aprobó condecer las obras del túnel al empresario Antonio Quart, amigos personal y ex socio de Cañellas.

El escrito hace constar que a la reunión no asistieron la consejera de Cultura Maria Antonia Munar (actual presidenta de Unión Mallorquina, partido ex socio del PP), ni Gaspar Oliver, consejero de Industria y Comercio. De ello se deduce que ambos políticos serán los únicos que el magistrado del TSJ no hará llamar para declarar, como sí hará con el resto de consejeros. Del mismo modo, López Gayá hizo pública su decisión de rechazar el archivo de la querella presentada por IU, una solicitud que había presentado el equipo jurídico del PP balear. El magistrado del TSJ retomará mañana el proceso de toma de declaraciones, iniciado con dos consejeros, que en este caso afecta a Gabriel Le-Senne, director general de Obras Públicas del Gobierno balear, que lo hará en calidad de testigo.