El abogado de Izquierda Unida (IU) en el caso "Juan Guerra", Manuel Fernández del Pozo, pidió hoy la libertad bajo fianza de dos millones de pesetas para los cuatro aforados implicados en el uso de un despacho en la Delegación del Gobierno en Sevilla y para el propio Juan Guerra. El letrado considera además al PSOE responsable civil subsidiario, por lo que también pide para l partido esta cantidad.

La solicitud de IU afecta a los ex delegados del Gobierno Leocadio Marín y Tomás Azorín, al actual delegado, Alfonso Garrido, y al ex secretario de la Vicepresidencia del Gobierno, Rafael Delgado, que ya declararon esta semana ante el TSJA, ratificándose en sus anteriores manifestaciones ante el juez Márquez en Sevilla.

El abogado de la coalición, Fernández del Pozo, entregó hoy un escrito al juez Cano Barrero, en el que solicita el depósito de las cantidades indicadas po presuntos delitos de prevaricación y desviación de fondos públicos: medio millón de pesetas como fianza y un millón y medio en concepto de responsabilidad civil para cada uno de ellos y para el PSOE.

El escrito fue presentado por Del Pozo ante el juez, mientras Juan Guerra declaraba a los periodistas, a las puertas del TSJA, que "poco a poco se van clarificando las cosas y va entrando aire fresco en la investigación".

Las declaraciones de esta semana se han producido tras denegar la Sala de lo Cvil y Penal del Alto Tribunal andaluz la petición realizada por el fiscal Luis Portero para que las diligencias fuesen archivadas.

Esta petición podría volver a producirse en los próximos días por parte de la defensa de los implicados, según señaló días atrás el abogado que la ejerce, Horacio Oliva.