La proposición de ley de IU, presentada esta mañana en el Congreso de los Diputados, pretende modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y la Ley de Incompatibilidades de Miembros del Gobierno y Altos Cargos, a fin de acabar, señalan, con la "prostitucin" del interés general derivada de la "falta de ética" del partido que sustenta al Ejecutivo.

La coalición liderada por Gaspar Llamazares argumenta que, pese a que hay una legislación "más que aceptable" en materia de incompatibilidades, el PP, el Ejecutivo, las mesas de las Cámaras legislativas y las direcciones de "numerosos órganos y agencias del Estado" no están "a la altura de las circunstancias en materia de transparencia, e higiene moral y democrática".

Añade que el PP "no es capaz de garatizar ni el más mínimo nivel de respeto a la legislación vigente", por su "falta de ética", lo que hace necesario acometer reformas legales "para una mejor delimitación entre los intereses privados y públicos" que, en el caso de "haber contado con una mayoría política más proba y recta, habrían sido innecesarias".

DEDICACION EXCLUSIVA

Por este motivo, IU quiere reformar la LOREG para que "el mandato de los diputados y senadores" se ejerza en "régimen de dedicación exclusiva", para lo que les prohibeejercer las actividades de dirección, representación, asesoría o servicios a cualquier empresa o entidad privada que "impliquen la colisión" entre las funciones parlamentarias y los intereses propios".

Asimismo, se otorgará temporalmente a la Agencia Estatal de Vigilancia en Materia de Incompatibilidades la "mera administración del patrimonio personal o familiar" cuando incluya participaciones de más del 10% en actividades empresariales o profesionales que tengan "relación de cualquier tipo" con las aministraciones públicas o entidades que pertenezcan a sectores regulados total o parcialmente por el Estado, así como empresas privatizadas hace menos de diez años.

También incluye una serie de reformas en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de modo que el ejercicio de estos puestos no pueda compatibilizarse con "cualquier actividad privada, con independencia de que éstas sean o no retribuidas". Para ello, prevé lo mismo que en el caso anterior para la administración del patrimonio, aunque enesta ocasión no serán devueltas hasta dos años después del cese.

FUNCIONES DE LA AGENCIA

La iniciativa de IU crearía esta Agencia Estatal para salvaguardar el "escrupuloso respeto" a la legislación y la preservación del Código Etico Público que controlará la acrividad de altos cargos, titulares de órganos superiores y directivos de los ministerios, los cargos cuyo nombramiento dependa las Cortes, el Gobierno, o los cargos citados anteriormente y los miembros de los consejos de administración y direcivos de empresas privatizadas.

Los diez miembros de esta agencia serán elegidos por los tres quintos del Congreso, y posteriormente elaborará sus propios estatutos. Además de la administración temporal de patrimonios prevista anteriormente, este órgano se encargaría de investigar y, en su caso, exigir responsabilidades administrativas y trasladar al Ministerio Fiscal las posibles conductas delictivas.

Por otro lado, los presidentes de las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el onsejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el fiscal general del Estado y el Defensor del Pueblo percibirán, cuando cesen, un máximo de 24 mensualidades, equivalente a una doceava parte del 80% de sus retribuciones durante el cargo, con el tope máximo de la que percibe el jefe del Ejecutivo.

UN SOLO SUELDO

Esta indemnización es incompatible con el sueldo de otro de estos cargos para el que puedan ser designados posteriormente, así como otros puestos en la Administración General, Autonómica o Local, etre los que cita los de parlamentarios, altos cargos ministeriales, directores generales de entes públicos, presidentes de camaras autonómicas, o alcaldes.

Tampoco podrá sumarse a las retribuciones por ejercer cargos en la dirección de partidos políticos, o puestos directivos o de gestión en empresas privatizadas.

Por último, la propuesta prevé para los cónyuges o parejas de personas que hayan convivido con los altos cargos a los que se refieren estas últimas disposiciones una pensión vitalicia dl 25% del sueldo anual y pagas extraordinarias de su pareja cuando ésta fallezca.