IU justifica esta iniciativa en el hecho de que "después de siete años de haber entrado en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ésta se incumple de forma flagrante en la Administración del Estado", por lo que pide presupuestos auales y exclusivos para este fin, y la elaboración, en un plazo de seis meses, de reglamentos específicos para cada colectivo laboral.

El texto resalta que el 80 por ciento de los centros de trabajo en la Administración central "no disponen de planes de evacuación y emergencia", como obliga esta norma, situación especialmente grave si se tiene en cuenta que en estas instalaciones trabajan unas 750.000 personas y entran aproximadamente diez millones de ciudadanos.

Asimismo, resalta que en el 75 po ciento de estos centros no se han realizado evaluaciones de riesgos, que no existe coordinación entre los distintos organismos y que no se informa a los funcionarios sobre los peligros de su actividad laboral.

Añade que la inexistencia de un régimen sancionador para la Administración hace que ésta quede "impune" ante las 5.000 denuncias presentadas por CCOO, y que hubieran supuesto sanciones por un valor de hasta 120 millones de euros. En el año 2000, los funcionarios sufrieron 36.261 accidentes leve, 592 graves y 57 mortales.