El grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas de totalidad a estos proyectos en el Congreso de los Diputados en las que solicita su devolución al Gobierno, porque el Ejecutivo "ha optado por primar la seguridad en detrimento de las garantías jurídicas, parlamentarias y judiciales de los derechos y libertades constitucionales de las y los ciudadanos".

"Estos proyectos de ley", prosigue, "sitúanlas Cortes Generales en una posición de práctica ignorancia de lo que en el futuro ocurra con nuestra inteligencia y consolidan la inexistencia de un procedimiento judicial real de autorización y enjuiciamiento de las actividades de los servicios secretos españoles", lo que implica "gravísimos peligros para los derechos y las libertades civiles".

La coalición de izquierdas añade que, "por si todo lo anterior no fuese suficientemente grave, estos proyectos de ley parten de la ignorancia de la esencia utonómica del Estado español y apuestan por la total descoordinación entre los servicios de inteligencia de la Administración General del Estado (el futuro CNI) y la inteligencia vinculada a las policías de las Comunidades".

IU concluye que el CNI debe estar sometido "al control político de las Cortes Generales, a la supervisión del Defensor del Pueblo, al control del Tribunal de Cuentas, a la jurisdicción de los órganos judiciales ordinarios y al bloque de la legislación pública aplicable a toda Admiistración", y caracterizarse por "las mínimas excepciones y secretos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus objetivos operativos".