Según informó hoy la coalición en un comunicado, el proyecto del Ejecutivo deja manos libres a la Administración para poner en marcha una verdadera "cibercensura" en la Red.

Para IU, la razónesgrimida en el proyecto de que con la nueva legislación sólo podrá ser un juez el que decida cerrar un "sitio", sirve de coartada al Gobierno para ocultar sus verdaderas intenciones, ya que sigue siendo la Administración quien podrá pedir a la Justicia que clausure una "web", pese a que el eslabón último de la cadena queda en manos de los jueces.

En opinión de IU, esto otorga a la autoridad administrativa nuevas armas para controlar a los proveedores de servicios y a los particulares, dilatando las rsoluciones eternamente y sobrecargando a la Justicia.

Por estas razones, la enmienda advierte de la dudosa constitucionalidad del proyecto. "El artículo 20.5 de la Carta Magna deja meridianamente claro que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial, lo que ahora trata de saltarse el Gobierno con atajos legales", señala.