Según Agudo, el escrito que ha presentado esta mañana la coalición ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la región, para que investigue si es cierta la supuesta `compra de votos' a los diputados tránsfugas de la UPCA, era necesario.

Necesario, explicó Agudo, porque después de que "Diario 16" y "El Diario Montañés" publicaran esa supuesta `compra' por 100 millones de pesetas a cada uno, en supuestas cuentas en un banco suizo, sin que nadie lo haya desmentido, es obligadoaclarar ese capítulo de la historia de una región "donde está todo el mundo en entredicho".

Respecto a las acusaciones de "canalla y villano" que le ha lanzado uno de los diputados tránsfugas, Roberto Bedoya, Angel Agudo no ha querido entrar porque "no les hemos acusado de nada. Simplemente, hemos pedido al fiscal que investigue. Son ellos los que se ponen nerviosos y no vamos a entrar `al trapo', si es lo que pretenden".

Al margen de esta polémica judicial, aclaró Agudo, las soluciones al viejo al de la corrupción cántabra, que lleva años ofreciendo noticias al resto de España, tienen su cauce político.

Tres son las medidas que propone IU. La primera, profesionalizar a los 39 diputados regionales, para lo cual es necesario reformar Estatuto de autonomía. Una medida que requiere del consenso parlamentario, que Agudo propondrá en reuniones posteriores a la presenmtación con los dirigentes del PSOE, PP, y Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

FUNCIONAN LOS DESPACHOS

En su opinión, desués de diez años de funcionamiento del Estatuto, que consagra la no profesionalización del diputado -recibe subvención el Grupo y dietas personales de desplazamiento-, "lo que funcionan son los despachos de abogados y de los grupos de presión".

"Eso se presta a lo que se presta: que los parlamentarios regionales puedan ser, y digo puedan ser, más que portavoces de una opción política, portavoces de grupos de interés. Es lo que están siendo en algunos casos muchos de ellos", añadió.

La segunda prouesta es la incompatibilidad de diputado cántabro para ejercer otro cargo público (varios parlamentarios del PP y la UPCA de Hormaechea fueron, a la vez, asesores del Gobierno regional) o privado (despachos de abogados y similares).

La tercera es el establecimiento de un límite como cargo público, de "dos o tres legislaturas, máximo" tanto para el presidente del Gobierno cántabro y los miembros del Consejo de Gobierno, como para los diputados regionales.

En la reunión con los partidos, IU, que notiene representación en la Asamblea regional, intentará vehicular sus propuestas através de esas formaciones. Y, sobre todo, obtener su respaldo para la necesaria reforma del Estatuto de autonomía que requiere la profesionalización.