IU PIDE AL GOBIERNO QUE NO PRIVATICE SANTA BARBARA ENTERA
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Izquierda Unida ha presentado en el Congreso de los Diputaos una proposición no de ley para que el Gobierno rechace la privatización total de la Empresa Nacional Santa Bárbara tal y como se prevé en el protocolo firmado por la SEPI con la multinacional General Dynamics.
La coalición quiere también que las posibles alianzas tecnológicas, industriales o comerciales se realicen de forma transparente y se basen en una planificación industrial definida que mantenga las redes, los centros de gestión y los volúmenes de empleo actuales.
Sobre todo, Izquierda Unda reclama que se garanticen las inversiones actualmente del grupo Santa Bárbara, así como su carácter público, para salvaguardar sus valores estratégicos, industriales, económicos, financieros y sociales.
En la proposición no de ley, reclaman también el cumplimiento del contrato de 3 de agosto de 1982 suscrito entre el Ministerio de Defensa, Industria e INI, y del Plan Industrial del 23 de enero de 1997 firmado entre el Gobierno y las centrales sindicales, de forma que se garantice el futuro de SantaBárbara, su actividad productiva y el empleo que genera.
Finalmente, demandan que el Congreso de los Diputados y los agentes sociales estén informados y participen en las posibles alianzas tecnológicas, industriales o comerciales que se realicen en Santa Bárbara.
Además de esta proposición no de ley, la coalición ha pedido formalmente la comparecencia en la Cámara de los ministros de Industria y de Defensa para informar del proceso de privatización de esta empresa.
La coalición denuncia en e texto de la proposición no de ley lo que considera una venta del sector de armamentos "encubierta" bajo la apariencia de una alianza tecnólogica y en medio del "nulo protagonismo del Parlamento y de las comunidades autónomas afectadas y la marginación de los sindicatos".
"Los resultados de esta privatización pueden ser los ya conocidos en otros sectores: el abandono de sectores estratégicos a manos de multinacionales extranjeras sin participación española alguna, la segregación o cierre de centros detrabajo, y la ausencia de compensación alguna a las comarcas y regiones afectadas", advierten.
(SERVIMEDIA)
27 Abr 2000
CLC