La coalición plantea en su texto una serie de puntos concretos que, en su opinión, deberían cumplir AENA, las compañías aéreas, y el propio Gobierno.

En primer lugar, proponen que AENA incremente la contratación y formación de controladores aéreos, que refuerce los servicios de asistencialos pasajeros, y que publique diariamente indicadores de puntualidad y retrasos en cada aeropuerto, disponibles también en paneles informativos.

Asimismo, pide a AENA que inicie las obras de un nuevo aeropuerto transoceánico en la Comunidad de Madrid alternativo al de Barajas.

La coalición propone también a las compañías que suscriban un protocolo comprometiéndose a limitar o a suprimir la práctica de sobreventa de billetes, a la espera de una nueva reglamentación comunitaria. En la misma línea,les piden que proporcionen un nuevo vuelo, aunque sea en otra compañía, a los pasajeros que no hayan podido embarcar como consecuencia de esta práctica.

En cuanto al Gobierno, IU pide que garantice, en colaboración con AENA, con las compañías y con las agencias de viaje, la difusión permanente de la Carta de Derechos de los Pasajeros aprobada por la Comisión Europea, con especial atención al derecho de indemnización en caso de retraso, cancelación o denegación de embarque.

También le instan a proover, en colaboración con las comunidades autónomas y los poderes locales, inversiones en infraestructuras y accesos a los aeropuertos.

La coalición reclama también del Gobierno un apoyo expreso a las iniciativas de la Comisión Europea encaminadas a promover un mejor uso del espacio aéreo y una reducción de los trastornos sufridos por los pasajeros.

En su texto, la coalición considera que el sistema aeroportuario español está funcionando "al límite de sus capacidades" y advierte que cualquier perurbación "puede transformar la congestión del tráfico aéreo en una nueva crisis el próximo verano".

La coalición concluye que el Gobierno "no puede permanecer pasivo e indiferente ante la degradación de la situación del tráfico aéreo, porque tiene la responsabilidad política ante los ciudadanos y usuarios de asegurar el buen funcionamiento de un servicio público de primera importancia como es el transporte aéreo".