Esta irregularidad en el pago de los sueldos de los profesores de religión afectó especialmente a docentes andaluces y en especial a los de la provincia de Almería.

Según explicó a Servimedia Marisa Castro, portavoz de Educación de IU, los Presupuestos Generales del Estado de 1998 contemplabn una partida de 6.623 millones de pesetas que transfirió a la Conferencia Episcopal, con el fin de que ésta pagara los salarios de los profesores de religión en las escuelas públicas.

Sin embargo, varios de los maestros dejaron de cobrar su sueldo en el último cuatrimestre de ese año y recurrieron a los tribunales para reclamar las cantidades que se les adeudaban. Desde entonces los jueces han dictado varias sentencias que condenan a la Administración pública a satisfacer la deuda.

Por ello, IU onsidera que el Ministerio de Educación debe emprender una investigación, reclamar explicaciones a la Conferencia Episcopal y emprender acciones legales, en su caso, en defensa del dinero público.