La coalición recuerda que las telecomunicaciones son un sector estratégico con grandes implicaciones económicas, sociales, culturales y políticas, que pueden verse afectadas por la liberalización emprendida por el Gobierno.

Dentro de este proceso, Telefónica obtuvo el permiso necesario para transmitir el conjunto de elementos patrimoniales de la rama de la actividad de telefonía básica vocal a una filial de nueva creación, oeración que contenía "una serie de vicios", a juicio de IU.

Después, Telefónica comunicó a sus trabajadores el acuerdo del Consejo de Administración para trasferir a la nueva filial las empresas participadas Cabitel, Telyco, Metasa y Utilitel Comunicaciones, S.A.

El texto de IU denuncia que los representantes de los trabajadores de Telefónica solicitaron los nuevos documentos y justificaciones, pero el Ministerio de Fomento les denegó el acceso a la documentación.

La coalición recuerda que e la primera de las segregaciones ya se denunció la insuficiente documentación aportada por la empresa, la ausencia de un plan estratégico para la reorganización del holding, y la falta de información financiera a través de cuentas separadas y auditadas externamente, que permitiera evaluar la incidencia en los estados financieros del grupo de la sociedad filial.

Además, la coalición considera que aquella operación no ofrecía "garantías suficientes para la estabilidad de los empleos afectados", y que ésa no se podía realizar sin un previo proceso de adaptación del nuevo régimen jurídio derivado de la Ley General de Telecomunicaciones.

Así, concluyen que la operación persiguió realmente "un vaciamiento de los mecanismos de control público" en un sector que seguirá siendo estratégico para la economía española, a pesar de su liberalización.