Para el portavoz de IU en temas educativos, Franco González, "el proyecto representa un claro retroceso en los derechos de los estudiantes respecto al de 1988, que, recordemos, fue asimismo fruto de unas intensas movilizaciones en los cursos precedentes".

Según Izquierda Unida, "el Gbierno cambia, en la línea de su política en otros campos, seguridad por libertad y en última instancia, autoridad y disciplina por derechos ciudadanos".

El Ministerio de Educación y Ciencia señaló el pasado lunes a los representantes estudiantiles que está abierto a modificar cuatro artículos de la Carta de Derechos y Deberes, referentes a castigos, libertad de expresión y principios de actuación de las comisiones de convivencia, no considerando la huelga como objeto de sanción.

Respecto a la ariculación de las faltas y castigos, Izquierda Unida opina que "esta cuestión resulta especialmente grave habida cuenta que los destinatarios de la misma son las personas más jóvenes de nuestra sociedad y por ello las más necesitadas de un entorno en que la libertad y el ejercicio de la responsabilidad, así como la educación en los más elementales ejercicios democráticos, son más necesarios".

Además de los puntos en los que el MEC está dispuesto a ceder, existen otros en los que la negociación no está errada, según el Sindicato de Estudiantes (SE), único convocante de las dos huelgas que se han celebrado para pedir la retirada de la reforma de la Carta.

Para el SE, queda pendiente de negociación uno de los puntos más conflictivos, el de la potestad del director de centro educativo en las expulsiones de alumnos hasta un máximo de cinco días.