Explicó que la Comunidad de Madrid tiene competencias en esta materia y es la "responsable de garantizar el correcto funcionamiento" de los Puntos de Encuentro y reiteró su demanda de regulación para "garantizar un mínimo de calidad y profesionalidad".

"No es posible que la única regulación que exista sea la que aparece en un contrato de gestión, esto no garantiza los derechos de los menores que los están utilizando y está provocando que el funcionamiento de estos espacios sea arbitrario y desigual", manifestó.

Señaló que esta propuesta debería ser "perfectamente asumible" tanto por el PP como por el PSM y dijo que "queremos buscar acuerdos y alcanzar el máximo consenso sobre un asunto que afecta como mínimo a 700 menores de la región".

A su juicio, esta proposición no de ley "pretende llamar la atención sobre una situación que están padeciendo muchos menores y mujeres de esta región debido a que los Puntos de Encuentro no funcionan, en muchos casos, como debieran".

Tras recordar que, en 2004, el Defensor del Pueblo recomendó a todas las comunidades autónomas que regularan el funcionamiento de estos servicios, dijo que "no es posible que los derechos de los menores, muchos de los cuales provienen de un entorno familiar marcado por la violencia, estén exclusivamente regulados por un pliego de condiciones o contratos de gestión con las empresas privadas que están gestionando mayoritariamente estos Puntos de Encuentro".

"No nos vale la excusa de que debe ser el Gobierno central quien legisle sobre la materia, ya que las competencias las tiene la Comunidad de Madrid, y ésta no debe eludir su responsabilidad, sobre todo cuando la propia Consejera ha reconocido que la utilización de estos espacios ha aumentado en el último año en un 50%", concluyó.