Para IU, Cañellas es el princpal responsable político de este nuevo escándalo, y aunque no ha sido nombrado en el sumario instruido por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma, sí podría ser llamado a declarar por el magistrado Juan López Gayá, del TSJ de Baleares, como ya hicieron ayer el consejero de Obras Públicas, Bartomeu Reus, y su antecesor en el cargo, Jeroni Saiz.

En declaraciones a Servimedia, Jaime Bueno explicó que se está estudiando la posibilidad de agregar a la denuncia ya formulada por un presunto elito de prevaricación continuada, otra por un presunto delito de cohecho. En este sentido, indicó que "seguimos insistiendo en que está plenamente justificada la persecusión de estos hechos por una supuesta prevaricación, que podría ampliarse al cohecho".

Por su parte, el abogado del PP, Rafael Perera, reclamó hoy al juzgado de instrucción el archivo de la causa, al entender que "no existe indicio alguno de delito, como reconoció el propio juez cuando se levantó el sumario del caso".

Mientras, e magistrado del TSJB, López Gayá, que instruye el caso paralelamente al de instrucción, a raíz de la denuncia de IU, sigue estudiando la posibilidad de incorporar al sumario que instruye la redacción del informe de la Policía Nacional que implicaba a seis políticos aforados del PP en el cobro de las comisiones, así como la petición al juez instructor para que se inhiba en su favor.