Para ello, en la última Comisión de Urbanismo, la coalición presentó una propuesta, según la cual, en Madrid existen suelo suficiente para la posible ubicación de esta población marginal.

En concreto, hay 10 emplazamientos, que van desde el ensanche Este de San Blas y Manoteras, hasta una zona próxima a la carretera de Extremadura, que en opinión de IU, podrían satisfacer las necesidades demandadas por el Consorcio de la Población Marginada.

Francisco Herrera, portavoz de la coalición en el consistorio madrileño, destacó que el Ayuntamiento puede conseguir el suelo necesario para erradicar el chabolismo a través de tres vías: la compra directa, la expropiación y la obtención de suelos urbanizables, mediante la aplicación del 15 por ciento de aprovechamiento apropiable por la corporación.

Herrera aseguró que si el equipo de Alvrez del Manzano es capaz de gestionar correctamente ese suelo, a lo largo de 1992 estarían concluidas todas las operaciones de realojos establecidas por el Consorcio.

Sobre la oposición a este tipo de actuaciones, como la demostrada recientemente por los vecinos de Villaverde Bajo, el concejal de IU precisó que, detrás de estas manifestaciones de rechazo, "laten otros problemas sociales, como la desigualdad, la injusticia social y la marginación".

"Izquierda Unida", añadió, "está radicalmente a fvor de los realojos, siempre que se hagan de una manera ponderada. Es precisamente ese malestar urbano el que aflora en las manifestaciones de contestación a los realojos surgidas en los barrios periféricos".

BANDO CONTRA LAS DROGAS

Por otro lado, Herrera anunció que, en el próximo pleno municipal, IU preguntará al alcalde cuántas sanciones han sido impuestas en cumplimiento del bando que prohibe el consumo de drogas en público, a cuánto asciende el importe global y cuántas multas han sido cobradas. El edil recordó que Alvarez del Manzano ha declarado a los medios de comunicación que lo más importante del bando no es el cobro de las sanciones sino el debate generado por su promulgación.

"Queremos saber", recalcó Herrera, "si cuando el Ayuntamiento toma una decisión como esta habla en serio o está, simplemente, vendiendo un producto inexistente de cara a la galería".

A su juicio, las actuaciones municipales deben tener una solvencia jurídica y si el alcalde dicta un bando contra la drogapor el que se implantan unas multas, la primera autoridad municipal no puede decir luego que da lo mismo que se cobren o no.