Entre ellas, propuso "el apoyo de las fuerzas de seguridad en la detección de delitos contra la salud de los trabajadores, el aumento -hasta 300- del número de inspectores de trabajo en la región, que se hagan públicas las empresas con sanciones graves y muy graves en materia de salud laboral, que se aplique el veto (previsto en la ley) de contratar con dichas empresas por parte de todas las administraciones públicas yla reactivación del II Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales".