En el texto, al que tuvo acceso Servimedia, se pide "un cambio de ley que garantice el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo, acabe con la inseguridad jurídica que genera la actual normativa y que las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen de forma normalizada en la red sanitaria pública".

Además, se insta a la Comunidad de Madrid "a que garantice tanto la salud y la seguridad de las mujeres como el derecho a su intimidad y protección de sus datos clínicos, tal y como establece la vigente Ley de Protección de Datos".

Asimismo, que, "con carácter de urgencia, asegure la atención a las mujeres con intervenciones programadas en las clínicas clausuradas para que puedan interrumpir su embarazo, remitiéndolas a los servicios de los hospitales públicos".

IU propone al Gobierno regional que "procure medidas que garanticen la educación sexual en los centros escolares y el acceso a los métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia".

En la exposición de motivos de la citada iniciativa, se informa de que, "desde la entrada en vigor de la ley de 1985 sobre despenalización de determinados supuestos de interrupción del embarazo, se han puesto de manifiesto las limitaciones y restricciones de esta legislación debido principalmente a: la consideración de delito que el aborto tiene todavía hoy en España, la privatización de esta prestación en el 97% de los casos, la alarma social y la inseguridad de mujeres y profesionales sanitarios, creada por las actuaciones realizadas a instancias de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con relación a la interrupción voluntaria del embarazo".

"El derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sobre su maternidad ha de ser de las mujeres, sea cual sea la causa que motive su decisión, y no puede estar penado ni directa ni indirectamente ni tampoco ser sometido a tutela. Una sociedad que avanza o debería de avanzar hacia la igualdad y hacia el respeto a la mujer debería empezar por garantizar la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo en la red pública", expone la diputada en esta proposición no de ley.

Asimismo, explica que "los países de nuestro entorno europeo, a excepción de Irlanda, disponen ya de una ley de plazos plenamente respetuosa con la libertad de la mujer a la hora de decidir sobre su propia maternidad, sin necesidad de apelar a alguna indicación, ni tutela".

En la citada iniciativa se señala que "a la ambigüedad de nuestra legislación hay que sumar que existen una serie de cuestiones que agravan una situación ya de por sí complicada como son la insuficiencia en los programas de prevención, un 63% de las jóvenes menores de 24 años que han abortado no había ido a ningún centro de planificación familiar, la ausencia de una correcta educación sexual entre nuestra juventud y la falta de información y financiación de los métodos anticonceptivos, aspectos que tienen una incidencia directa en el incremento de embarazos no deseados".

La parlamentaria destaca que "el aborto tiene que salir del Código Penal", ya que "no es un delito sino un derecho democrático de las mujeres, reconocido ya en la Carta de Derechos Humanos de la ONU".