Acusó a la Comunidad de Madrid de no haber cumplido con su obligación legal de custodiar los resultados de la citada prueba y de haber posibilitado que haya aparecido un ranking de centros educativos.

"Eso es un disparate y además no lo consiente la ley", dijo Sabanés, quien informó de que pedirá al Defensor del Pueblo que, además de investigar lo sucedido, recomiende al Gobierno regional medidas para que "nunca más vuelva a suceder".