Los delegados proponentes consideran que el alejamiento de los presos etarras viola la Ley Orgánica Penitenciaria, "no ha propiciado un saldo positivo" y "constituye una penalización añadida para ls familias y para las propias personas presas".

La resolución propone también abrir canales de comunicación y encuentro para abordar la situación de los presos y defender sus derechos y la celebración de unas jornadas que permitan estudiar a fondo las soluciones a este problema.