En el manifiesto, las organizaciones están en contra de la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder judicial, ya que, en su opinión, se limitaría el ejercicio de los tribunales españoles en jurisdicción penal universal y se restringirían las competencias con respecto a "los presuntos responsables que estén en España o en las que haya víctimas de nacionalidad española".

El manifiesto considera que "el Gobierno está en la obligación de anteponer el cumplimiento de sus compromisos internacionales y la defensa de los derechos humanos frente a eventuales intereses nacionales y presiones económicas o políticas".

El artículo 23.4 de la citada Ley Orgánica dice que "será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española" en temas referidos a genocidio, terrorismo, falsificaciones, tráfico ilegal, inmigración clandestina, etc. "y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España".