El "Boletín Oficial del Estado" publicó ayer un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de febrero por el que indulta a los capitanes de la Beneérita José Pérez Navarrete y José Antonio Hernández del Barco y los cabos primero Emilio Parra Moreno, Julio Saavedra Mariño y Alejandro Iglesias Blanco.

Estos guardias civiles fueron condenados en 1986 por la Audiencia Provincial de San Sebastián a cuatro meses de arresto mayor y cuatro años de inhabilitación profesional por torturar con "golpes y patadas" a Juana Goicoechea, quien posteriormente fue puesta en libertad sin cargos. La sentencia fue ratificada el 21 de enero del pasado año por el Tribual Supremo, en una resolución firme e inapelable.

Romero, quien dijo que con la absolución de los agentes "salta por los aires el convenio" internacional sobre la tortura y acusó al Gobierno de dar cobijo a los torturadores, anunció que entre esas acciones figura la de estudiar jurídicamente las consecuencias de ese incumplimiento y la formulación de una pregunta urgente en el próximo pleno del Congreso de control del Ejecutivo para conocer las razones por las que fueron concedidos los indultos.

or su parte, el titular de Interior, José Luis Corcuera, negó hoy en los pasillos del Congreso que esos indultos estén en contradicción con las afirmaciones que formuló en una anterior comparecencia parlamentaria, referidas a que no tolerará ni dará cobijo a los torturadores en las fuerzas de seguridad.

Señaló que esas declaraciones estaban hechas "en el sentido de ocultar y de no cuplir la sentencia" y se preguntó "porqué tiene que llamar la atención que después de un tiempo de inhabilitación para suprofesión, unos ciudadanos puedan volver a ejercerla, cosa que la sentencia no prohibe".

Corcuera hizo esas manifestaciones tras comparecer ante la Comisión de Interior del Congreso para responder, entre otras cuestiones, a una pregunta de IU sobre las medidas adoptadas por el Gobierno tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la condena para estos guardias civiles.

El ministro del Interior explicó que después de esa resolución, el Ministerio del Interior cesó a los guardias civiles d sus destinos en el Servicio Central de Información, en Madrid, y señaló que en la actualidad no realizan ningún tipo de funciones ni ocupan ningún destino, de acuerdo con la sentencia.

No obstante, Corcuera se negó a facilitar al diputado de IU Antonio Romero las fechas en que fueron cesados los oficiales argumentando que no tiene obligación a responder ya que esa pregunta no fue formulada por escrito por el parlamentario.

Esta negativa provocó las protestas de Romero quien la calificó de "burlaal grupo parlamentario de IU" y solicitó el amparo del presidente de la comisión, que la rechazó.