En el recurso formalizado hoy por los representantes legales del grupo parlamentario, al que tuvo acceso Servimedia, IU-ICV subraya que al eliminar la fase de negociación en comisión y "limitarse" el papel de los diputados al voto en un debate de totalidad, "se introduce un menoscabo institucional, en su papel de representantes de la ciudadanía".

"Dicho papel alcanza, además del de expresar el pluralismo de la sociedad española en relación con la propuesta de la Cámara vasca, el de trabajar en dicha negociación entre la delegación parlamentaria vasca y la Comisión Constitucional del Congreso para alcanzar el acuerdo querido por el artículo 151.2 de la Constitución", añade.

Las consecuencias, advierte, son "de indudable relevancia", porque "está en juego la propia estabilidad y credibilidad institucional de nuestro modelo de organización territorial, el cual saldrá robustecido por una fase de negociación o pacto entre la Cámara autonómica proponente y la Comisión Constitucional del Congreso".

IU-ICV apela al artículo 23.2 de la Constitución, que establece el derecho fundamental de participación a través de los representantes públicos, y a la doctrina del propio Constitucional en varias resoluciones por actuaciones de la Mesa que menoscaban el ejercicio de los parlamentarios.

NEGOCIACION PREVIA

Por otro lado, IU-ICV denuncia que el acuerdo de la Mesa de tramitar la propuesta con el procedimiento establecido en una resolución de la Presidencia de 1993 vulnera el procedimiento constitucional previsto para la tramitación de la propuesta de reforma de Estatuto político de Euskadi.

La coalición se basa en el artículo 46.1 del propio Estatuto, el 145 del Reglamento del Congreso y el 147.3 de la Constitución, normas de rango superior a la citada resolución, que "obvia la fase de negociación antes del debate de totalidad" y por lo tanto "vulnera clara y frontalmente" las disposiciones mencionadas.

"Mientras que el procedimiento constitucional abre una fase de negociación por dos meses entre una delegación de la Cámara autonómica proponente y la Comisión Constitucional del Congreso a los efectos de consensuar un texto que pudiera ser aprobado por las Cortes Generales", en la resolución desaparece esa fase previa, argumenta IU.

Con todo, el grupo parlamentatio emplaza al Constitucional a que suspenda la celebración del debate de totalidad sobre la propuesta de reforma del Estatuto Político de Euskadi del próximo 1 de febrero, antes de dictar una sentencia definitiva.