La iniciativa de IU-ICV tiene como fin garantizar la eficacia del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración General del Estado, diputados, senadores y otros cargos públicos, para lo que plantea la creación de una Agencia Estatal de Vigilancia en Materia de Incompatibilidades y Ética Pública.

El grupo parlamentario formado or la coalición pretende evitar que quienes formaron parte del Ejecutivo o altas instituciones del Estado, como los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, o el Defensor del Pueblo, puedan incumplir el régimen legal de incompatibilidades cuando acaba su mandato.

De este modo, IU-ICV quiere aplicar la "ética" para impedir que tras los ceses se perciban en la práctica dos salarios públicos "de alto nivel económico", ya que actualmente e "frecuente" que se compatibilice, por ejemplo, el 80 por ciento del sueldo que se percibía como ministro con el 100 por cien de la asignación de diputado, senador, cargo en una comunidad autónoma o incluso una alcaldía.

Con esta reforma se impediría además que diputados o senadores que legislen o altos cargos del Gobierno que decidan sobre determinadas materias puedan cobrar al mismo tiempo como asesores de empresas que se dedican a las mismas materias, "ocasionándose evidentes colisiones entre lo púlico y lo privado".

USO DE INFORMACIÓN

También supone la exigencia de que ex ministros respeten los dos años exigidos por la ley para dedicarse a actividades privadas directamente relacionadas con su antiguo cargo, de forma que no haya sospechas de utilización de influencias o informaciones públicas para obtener un lucro privado.

La mencionada Agencia Estatal podría hacerse cargo de la investigación y, cuando proceda, de la exigencia de responsabilidades administrativas a los infractores de losregímenes públicos de incompatibilidades.

Igualmente, instruiría los procedimientos de oficio, ante una denuncia por parte del administrado o por petición de, al menos, dos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados o del Senado.